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En el número de hoy...

• España va a ser la primera en incumplir la ley con la que Europa puede frenar a los oligarcas tecnológicos

• Picoteo de noticias breves

• La extra: ¡Moral pirata!

España va a ser la primera en incumplir la ley con la que Europa puede frenar a los oligarcas tecnológicos

La Unión Europea tiene ya herramientas para hacer frente al poder de los oligarcas tecnológicos de EEUU. Una de ellas es el Reglamento de Servicios Digitales, conocido como DSA por sus siglas en inglés. Eso sí, por el momento la norma no ha estrenado su régimen sancionador: ni Instagram, ni TikTok ni X han recibido multas por infringirla.

Paradojas de la vida, la primera multada por incumplir este reglamento podría ser España. El presidente del Gobierno ha estado muy beligerante en las últimas semanas cargando contra la oligarquía de empresarios tecnológicos estadounidenses. Pero del dicho al hecho hay un trecho.

En el Consejo de Ministros del martes pasado, el Gobierno anunció un anteproyecto de ley para la gobernanza democrática de los servicios digitales y para crear el registro de medios de comunicación. Aunque suena a nuevo, algunas disposiciones de este anteproyecto, que aspiran a ‘adaptar’ a la legislación nacional el DSA, llegan ya un año tarde.

El DSA comenzó a aplicarse en toda la Unión Europea en febrero del año pasado, e introdujo medidas para garantizar más transparencia en la gestión de las grandes plataformas digitales, evitar decisiones arbitrarias de sus propietarios, combatir la desinformación -y la diseminación de contenidos ilegales- y, en definitiva, proteger a los ciudadanos europeos que las utilizan.

Al albur de los acontecimientos de las últimas semanas, la norma se ha convertido en una de las grandes esperanzas para poner coto al omnímodo poder de los oligarcas tecnológicos que orbitan la Administración Trump. Pero sus plazos están resultando exasperantes.

Con el Reglamento de Servicios Digitales, Bruselas le tiene cogida la matrícula a varias plataformas y motores de búsqueda previamente seleccionados por reunir ciertos requisitos relacionados con su número de usuarios y su cuota de mercado. Sin embargo, por ahora solo se han iniciado procedimientos contra AliExpress, Facebook, Instagram, TikTok, Temu y X. Sobre la plataforma de Elon Musk, de hecho, se han emprendido dos. El último, en enero de este año.

Más allá de la lentitud de Bruselas, tampoco es que la Comisión esté pudiendo contar con Madrid.

La CNMC, de manos atadas

Igual que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Servicios Digitales contempla la figura de los coordinadores nacionales. En cada uno de los 27 países que conforman la Unión Europea se debe designar a un coordinador nacional de Servicios Digitales para que vele por el cumplimiento del DSA en su territorio.

En el ámbito del RGPD, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la competente de investigar posibles infracciones. El organismo de control, por cierto, ha puesto fin a su situación de interinidad (de la que hablamos aquí) en la que llevaba ya más de un lustro. Lorenzo Cotino y Francisco Pérez Bes ya son formalmente presidente y su adjunto.

En el caso del DSA, España anunció hace más de un año que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) asumiría el rol de coordinadora de Servicios Digitales. Sin embargo, Cani Fernández, presidenta del supervisor, demandó en el Congreso en septiembre, nueves meses después, que se ejecutaran las reformas necesarias para que pudieran asumir sus nuevas funciones.

Todavía se está a la espera.

Las oportunidades perdidas

Oportunidades ha habido.

El Gobierno inició en octubre la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que restituirá la Comisión Nacional de la Energía, un órgano que se integró en la CNMC y ahora volverá a tener entidad propia. Es verdad que su tramitación parlamentaria va con retraso, pero ya el año pasado se oía que en Cortes podría apañarse la remodelación de la CNMC aprovechando esa coyuntura. Nada.

La segunda oportunidad llegó en el último Consejo de Ministros del 2024. El Gobierno aprobó el nuevo decreto ómnibus en el que, esta vez sí, aparecía la esperada y necesaria reforma de la CNMC para que pudiera emprender sus funciones como coordinadora de Servicios Digitales. Finalmente, el decreto, ya sabes, decayó en el Congreso. Las Cortes deben convalidar los decretos del Gobierno y los votos en contra de PP, Junts y Vox, además de poner en un aprieto la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público, disolvieron la posibilidad de habilitar a la CNMC como coordinadora de Servicios Digitales.

Lo sorprendente es que esta habilitación del supervisor no se introdujera en el decreto ómnibus bis que el Gobierno sí pudo sacar adelante semanas después.

Ya estamos en febrero de 2025. A principios de mes, el Gobierno anunció la creación de un Observatorio de Derechos Digitales. Ya lo comenté en esta entrega. Para volver oír hablar de la CNMC y sus funciones ha habido que esperar a finales de este mes. En el último Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital, Óscar López, presentó el anteproyecto de ley para la gobernanza democrática de los servicios digitales.

Vísteme despacio

Este nuevo anteproyecto de ley reforma otras tres leyes: la ley de servicios de la sociedad de la información de 2002, la ley de creación de la CNMC de 2013 y la ley de la comunicación audiovisual de 2022. La primera, para designar a la CNMC como coordinadora de Servicios Digitales. La segunda, para crear la nueva dirección de Servicios Digitales dentro del supervisor. La tercera, para crear el famoso registro de medios de comunicación.

Pero es que llega tardísimo, y lo que es peor, el que se presente ahora como anteproyecto de ley da cuenta de que pasarán meses hasta que la CNMC sea efectivamente habilitada como coordinadora de Servicios Digitales.

Hablé con el abogado y especialista en derecho tecnológico Borja Adsuara hace unos días. Tenía curiosidad por ver qué opinaba. “Hay una contradicción. Nos lo habían intentado colar en un real decreto porque era de urgente necesidad y ahora lo presentan en un anteproyecto de ley, que tiene una tramitación primero como anteproyecto, tendrá que llegar a segunda lectura, y después ser proyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria”.

Es cierto, matizaba Adsuara, que Bruselas podrá actuar de oficio en infracciones del DSA que puedan estar dándose en varios Estados miembros a la vez. Pero incluir esta habilitación legal que ya va con retraso de un año en una norma más amplia (y controvertida) puede hacer que su tramitación sea todavía más ardua. “El primero que va a incumplir el Reglamento de Servicios Digitales no va a ser una red social, va a ser el Gobierno español”, me comentaba.

Bruselas se impacienta

Ni el DSA es la palanca que cambiará la historia ni yo me considero un cagaprisas, pero cuando digo que la habilitación de la CNMC ya está llegando tarde es porque Bruselas ya envió un toque de atención a España en julio del año pasado.

Al no ver novedades, la Comisión envió un dictamen motivado en diciembre (séptimo apartado de esta nota de prensa). En otras palabras: si en dos meses España no argumentaba bien las razones por las que la CNMC no era ya la coordinadora de Servicios Digitales, la Comisión llevaría al Gobierno español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ese plazo de dos meses terminó a mediados de febrero. Y la CNMC sigue sin ser habilitada.

Lejos de serlo, la presentación del anteproyecto del martes pasado da cuenta de que esto irá para largo. No es solo que España vaya a llegar muy tarde a las políticas que puedan poner freno a los abusos de las redes sociales en el Viejo Continente. Es que, en palabras de Borja Adsuara, el retraso acumulado hasta ahora (un año) va a convertirse presumiblemente en un retraso de dos años “y nos van a meter un viaje en el TJUE por no cumplir”.

En breve…

La extra: ¡Moral pirata!

Estos días, a cuenta de los bloqueos indiscriminados que están protagonizando LaLiga y las telecos (resumidamente: como no pueden bloquear el acceso a dominios con el fútbol pirata si estos se enmascaran con Cloudflare, han empezado a bloquear el acceso a rangos IP, afectando también a páginas legales) he pensado en las absurdas campañas contra la piratería que veíamos en los cines hace una década o algo más.

De lo de LaLiga y las telecos escribí este tema en Público que se ha quedado ya un poquito viejo, y en este mismo boletín hice una entrega especial de una primicia hace unos días: Cloudflare ha emprendido acciones legales contra la competición de fútbol que preside Javier Tebas.

Me acordé de aquellos vídeos ridículos. Sí, los de: “No robarías un auto…”. “El robo es ilegal. Piratería es un crimen”.

Creo que ya todos tenemos la madurez mínima como abordar debates de esta naturaleza con perspectivas algo más complejas. Vivimos en un mundo en el que autores de videojuegos se ven obligados a regalar sus títulos cinco o diez años después de su lanzamiento para garantizar la preservación de su obra, porque las editoras no tienen el más mínimo interés. Y algo similar se puede extrapolar a industrias como la audiovisual o la musical.

Sin embargo, estamos en 2025 y siempre tiramos de moralidad para afrontar estos temas. Lo que nos lleva, claro, a extremos chuscos. Javier Tebas, el año pasado, en Miami: “Si uno acude a Google y pone 'quiero comprar cocaína' o 'sexo niños' no aparece nada. Pero si pones 'deporte fútbol gratis' sí aparece. Unos son delitos más graves, pero con otros como éste, que es robar, no se está haciendo lo mismo”. Pues bueno.

Pensaba sobre eso también al leer esta noticia en elDiario sobre cómo las universidades españolas y el CSIC han intentado renegociar a la baja sus contratos con las principales editoriales científicas del mundo. Elsevier, la editora más grande del mundo, y la que más tajada sacaba de esos organismos españoles (26,5 millones de euros) ha rechazado el nuevo acuerdo, por lo que los científicos españoles no podrán acceder a los artículos científicos que publique Elsevier… ni tampoco publicar sus artículos en sus publicaciones.

En el fragor de la pandemia me acuerdo de un hacker que se animó a piratear y divulgar miles de artículos científicos relacionados con el coronavirus que afloraban en aquel momento. Fue su contribución a la comunidad científica para combatir el SARS-CoV-2. ¿A qué moral apelan personajes como Tebas?

El año pasado un juez de la Audiencia Nacional estuvo a punto de bloquear Telegram en toda España un viernes por la noche. Echó el freno cuando leyó en los periódicos digitales que Telegram era una app de mensajería. El freno fue parcial, claro. Entre enero y octubre del año pasado, Telegram atendió 22 solicitudes de las autoridades españolas para identificar direcciones IP o números de teléfono de 85 usuarios.

En los tres últimos meses del año pasado esa cifra aumentó a 213 solicitudes para identificar a 518 usuarios. Este número no se ha publicado en ningún medio en España.

En fin, esta gente tiene ya todos los dispositivos legales a su alcance para proteger sus propiedades intelectuales. No nos van a dictar también lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No robarías un televisor, decían esos vídeos. ¿Y por qué no? 🏴‍☠️