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PD. Siento la falta de compromiso bimensual de los últimos tiempos. Muchos cambios, muchas tareas (profesionales, militantes, personales) y pocas horas. La conquista del feed mantiene su intención de salir un lunes sí y un lunes no, pero el tema de hoy merecía cierta urgencia. ¡Ojalá os resulte interesante!

El domingo que viene es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que con una persecución judicial a un divulgador cultural en nombre de los derechos de autor?

En cuestión de unos días sabremos más del juicio en el que piden dos años y medio de cárcel y 870.000 euros a un youtuber que divulga sobre cine en internet. Es el caso de La filmoteca maldita, un celebrado canal sobre cultura y cine con más de 400.000 suscriptores. La Policía Nacional detuvo hace cuatro años a este burgalés al que acusan de haberse enriquecido incurriendo en un “delito contra la propiedad intelectual”, tipificado en el Código Penal con penas de hasta cuatro años de cárcel.

La espectacular detención que el mismo youtuber explicó en su canal (con escudos antidisturbios, arietes y armas que la policía llevó a su domicilio) se produjo en 2021. Él mismo contó quién estaba detrás de la denuncia ante la Policía Nacional. Se trata de una vieja conocida de la persecución a la supuesta piratería: EGEDA, la entidad de gestión de derechos de autor del audiovisual. Una entidad que además preside Enrique Cerezo (sí, el del Atleti) desde hace casi 30 años.

EGEDA considera al impulsor de La filmoteca maldita como el cerebro detrás de Zoowoman, un colectivo que se dedicaba a recuperar lost media. En palabras del youtuber, el lost media son “aquellas películas que no tienen derechos de autor, que están perdidas de la mano de dios, que están descatalogadas, que las productoras desaparecieron y nunca llegaron a distribuirse. Ese cine que está prácticamente muerto y que es muy difícil de conseguir”.

De este tema apenas hay información en los medios de comunicación y las razones os las podéis imaginar. Solo en los últimas días el director de cine Nacho Vigalondo ha quebrado esta omertá con una columna en el diario El Mundo. Ahora mismo, lo mejor para enterarse bien de esto es un fragmento de un directo de otro youtuber, BaityBait, que puedes ver aquí. tldr; Zoowoman era un proyecto sin ánimo de lucro. La filmoteca maldita advertía también hace una semana que la resolución del caso llegaría en cuestión de días, por lo que esta semana será crucial para conocer al menos uno de los desenlaces de esta historia.

EGEDA lleva cerca de 30 años combatiendo ferozmente la piratería. En la práctica, imponiendo, de la mano de las instituciones, un modelo cultural extractivista y elitista que tiene defensores a lo largo del planeta. Las personas que estén detrás de Zoowoman no son las únicas que están detrás del disparadero de las EGEDA o SGAE de turno.

Aunque la eficacia de estas entidades se puede cuestionar. Según el último Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales de 2024 elaborado por la consultora GfK, los internautas españoles accedieron en 2024 a 7.330 millones de contenidos ilícitos; lo que supuso un consumo valorado en 42.782 millones de euros y un lucro cesante de 3.032 millones para las industrias creativas, de las que 721 millones correspondieron a pérdidas en el ámbito de las películas y las series.

Mareante, ¿verdad? Es natural: este informe anual persigue exactamente eso. Que en cuestión de una semana aparezca en medios distintos titulares que den sensación de emergencia. Piratería en España: pérdidas de 721 millones de euros. La piratería digital en España sube un 9 % y alcanza una cifra récord de 42.782 millones. La piratería crece en España y provoca 3.000 millones de euros en pérdidas a los creadores de contenido. Todos estos son titulares reales. Si no lees la letra pequeña despacito seguramente no te enteres de la verdad.

Pero me seduce otro análisis. Da igual que la mitad de internet en España se vaya a negro cada fin de semana porque hay fútbol. Da igual que La Coalición (el rimbombante nombre que aglutina a las patronales de las industrias culturales españolas) tenga, en connivencia con el Ministerio de Cultura, la capacidad de señalar dominios para que las operadoras los bloqueen con una intervención judicial muy limitada. Da igual que las Netflix de turno introduzcan mecánicas cada vez más opresivas para evitar que compartas la cuenta con tu madre en otra ciudad. Da igual que la Audiencia Nacional estuviese a punto de bloquear Telegram en toda España.

Da igual porque, a pesar de todos los esfuerzos, GfK llega y te suelta un informe larguísimo lleno de cifras mareantes (con la palabra “estimaciones” en pequeñito, claro) que se resume en que estas brigadas antipiratería son una panda de inútiles.

En España y en gran parte del mundo el debate en torno a la piratería es un debate viciado. La copia privada o backup de repente se convirtió en piratería. Los disquetes del tres y medio, los CD vírgenes, los pendrives para guardar las fotos de la playa eran piratería (y todo el mundo tenía que pagar el famoso canon digital). La difusión de enlaces o tutoriales era piratería. Modificar un aparato tecnológico en propiedad era piratería. Todo es piratería salvo cuando se trata de entrar un modelo de IA.

Pero hubo un tiempo en este país en el que este debate pareció importar. La ley Sinde era en realidad una reforma de la Ley de Economía Sostenible que propuso la ministra socialista Ángeles González-Sinde, y que creaba la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano vigente y hoy dependiente del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun. Su propuesta, facilitar el bloqueo de dominios web en los que se alojaran o enlazaran contenidos “pirata”, desencadenó una serie de protestas que se convirtieron en los prolegómenos del 15-M. Hace quince años de ello.

Finalmente, la Ley Sinde salió adelante y se transformó en la Ley Sinde-Wert con el paso de los años. Desde entonces hemos vivido derrota tras derrota en nombre de los sacrosantos derechos de autor: en 2021 el Ministerio de Cultura instó a las industrias culturales a firmar un protocolo con las operadoras telefónicas para agilizar todavía más el bloqueo de páginas web.

Esta misma semana el Ministerio de Cultura, a través de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, ha bloqueado todos los dominios del Anna’s Archive, un metabuscador de bibliotecas en la sombra (no indexadas en la clear net) que utilizan cientos de estudiantes de literatura en todo el mundo. Esta misma semana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue muy clara: hay que celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para perpetuar el actual modelo económico.

“El 26 de abril se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, una ocasión para reconocer el valor de la creatividad, del conocimiento y del talento de nuestras sociedades. (…). Proteger la propiedad intelectual no es solo proteger una obra, es proteger el esfuerzo, la innovación y el futuro de un modelo económico basado en el conocimiento”.

Sí dio algo de aliento el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en una reciente entrevista con Facu Díaz, cuando casi al final se pronunció sobre los bloqueos en internet. “Estamos en ello. Es la última derivada de un cambio de régimen en internet”. Eso sí. El ministro no conocía el caso de La filmoteca maldita.

Ni Zoowoman ni Anna’s Archive son los únicos ejemplos, aunque sí los más recientes, que refleja cómo estamos retrocediendo en años lo que pudimos avanzar en décadas en el ámbito de un internet libre. También es recurrente el caso del Internet Archive, un archivo que busca preservar páginas web, libros, música y software en activo desde hace 30 años y que recientemente rompió el hito de haber archivado más de un trillón de páginas.

El Internet Archive nacía también con una pulsión de biblioteca. Su proyecto Open Library permitía prestar copias digitales de todos los libros que preservan. El problema, claro, es que las editoriales consideran que eso es piratear.

Hachette, Penguin Random House o Harper Collins demandaron a Internet Archive (igual que Hachette ha demandado al Anna’s Archive) y en 2023 un juez federal estadounidense sentenció que Internet Archive vulneraba los derechos de autor. El recurso del Archive no prosperó y la institución desistió y no lo llevó al Supremo: desde entonces no pueden prestar muchos de los libros que preservan.

Por supuesto, editoriales y sellos musicales también han demandado al Internet Archive, aunque curiosamente la plataforma está ahora en peligro porque muchos medios de comunicación están bloqueando masivamente los bots que scrapean la red. Internet Archive hace uso de este tipo de bots para tomar imágenes de páginas y así poder preservarlas. Los medios están tomando esa decisión para frenar el scrapeo de las grandes plataformas de inteligencia artificial. En consecuencia, ahora es la herramienta más popular de Internet Archive, su Wayback Machine, lo que está en peligro.

Que hayamos dejado de hablar de ello no quiere decir que el conflicto terminase. Invocar los derechos de autor vale para todo, salvo para proteger a los pequeños artistas de los grandes depredadores IA de Silicon Valley.

Vale incluso para secuestrar un sinfín de dominios web perfectamente legales cada fin de semana con la excusa de proteger la propiedad intelectual del fútbol que el Supremo ya cuestionó. (En palabras de mi admirado Carlos Sánchez Almeida: “El fútbol no es un arte ni cultura, por muy bonitas que sean las piruetas que se hagan”).

Hace quince años el tema generaba tal interés que hasta este tema de The Pinker Tones salió en la banda sonora del FIFA 11. Pero el debate tiene en realidad más de 30 años. John Perry Barlow, ensayista, ganadero y ciberactivista, publicó en el 94 su famoso Vender vino sin botellas, un alegato llamando a repensar la totalidad de la economía con el auge del mundo digital.

“En todo el tiempo que llevo recorriendo el ciberespacio, sigue sin haberse resuelto un inmenso interrogante que se halla en la raíz de casi todas las tribulaciones legales, éticas, gubernamentales y sociales que se plantean en el mundo virtual. Me refiero al problema de la propiedad digitalizada”, comenzaba.

Barlow reseñó cómo la economía en su conjunto no protegía el vino, sino las botellas de vino. “Los derechos de la invención y de la autoría se vinculaban a actividades del mundo físico. No se pagaban las ideas sino la capacidad de volcarlas en la realidad. A efectos prácticos, el valor estaba en la transmisión y no en el pensamiento transmitido. Ahora que la información entra en el ciberespacio, hogar natural de la mente, las botellas están desapareciendo”.

Este ensayo volvió a cobrar relevancia porque el gran capital lleva años tratando de introducir la escasez en el mundo digital para rentabilizar el vino sin botella. Lo vimos poco después de la pandemia, ante el auge de los NFT (¿os acordáis?). El dilema sigue sin resolverse.

“Casi todo lo que creemos saber sobre la propiedad intelectual es erróneo. Tendremos que desaprenderlo”. Aunque en algo erró Barlow hace 32 años: dijo que las protecciones que se desarrollarían se apoyarían “mucho más en la ética y en la tecnología que en la ley”.