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Al menos reconozcamos esto. El debate sobre qué hacer con el acceso de los menores a las redes es otra derrota más para los movimientos que defienden una red radicalmente libre y neutral. También es la constatación de que no será la última.

Desde que Sánchez anunció en Dubái que España también prohibiría el acceso de los adolescentes a las plataformas digitales no he parado de leer argumentos maniqueos, tanto a favor como en contra. Lo cierto es que es divertido jugar con ellos. Si alguien dice que no se ha de prohibir el coche sino educar en buenas prácticas conduciendo yo puedo decir que no hay que prohibir el tabaco sino educar en buenas prácticas fumando. Si alguien dice que hay que impedir que los niños fumen yo puedo decir que siempre encontrarán quién les compren tabaco. Y así, hasta el infinito.

Pero la realidad es que no todo lo que aparece detrás de una pantalla es un coche o un cigarro. Yo puedo entender e incluso compartir la medida: vivimos tiempos urgentes y las redes están haciendo mucho daño en los críos. También conozco y comparto los riesgos, y no hace falta caer en conspiraciones para entender que esta medida supondrá un cambio de paradigma sobre internet que tendrá muchas consecuencias no exploradas.

El problema es el marco del debate. Es el que tenemos porque la primera derrota fue que llegáramos a este punto. Ahora poco margen hay para impulsar iniciativas de alfabetización digital (¿acaso no existen ya?) o para apostar decididamente por espacios digitales alejados del tecnofeudalismo. No digo que dejemos de intentarlo, digo que sería tolerar un daño tanto a los niños como a la democracia que a corto plazo no íbamos a poder frenar sin medidas contundentes.

Pero hay mucho ruido en torno al dilema de marras. He visto analogías convirtiendo las redes sociales en alcohol o tabaco. La narrativa que impulsa todo esto es la del pánico moral. Al mismo tiempo es evidente que tenemos una relación cada vez más disfuncional y lesiva con la tecnología. Tanto en niños como en adultos.

El problema de fondo es tratar a los menores como imbéciles. Pensar que con los bloqueos con los sistemas de verificación de edad esto se va a terminar. No voy a insistir en ese mantra absurdo de que “no se pueden poner puertas al campo”. El símil es nefasto: sí se pueden poner puertas en el campo, claro que hay puertas en el campo. Y por supuesto que una autoridad, legítima o no, puede bloquear el acceso a internet a placer. Lo vemos cada vez que hay fútbol.

Hace días leí en redes una anécdota divertida. En una clase de informática en el instituto un grupo de chavales convirtió un artículo de la Wikipedia en su particular tablón de anuncios, ya que el acceso a Tuenti en la red local estaba vetado. Los chavales no van a dejar de comunicarse por internet. Encontrarán la forma. Vía VPN, vía nuevos servicios. Porque claro, ¿a qué se refiere el Gobierno cuando habla de redes sociales?

Ese es el quid de la cuestión.

Que el Gobierno quiera prohibir a los menores de 16 años el acceso a redes ya se sabía. El proyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales llegó al Congreso el año pasado. Entre otras cuestiones, la propuesta plantea modificar la ley de protección de datos. Esta ya establecía que solo un adolescente de más de 14 años puede dar por sí solo permiso a un tercero (una red social) para que trate sus datos. La edad mínima para acceder sin autorización a las plataformas pasará de 14 a 16 años.

Esto no basta. Seguramente ya conoces a menores de 14 que ya usan WhatsApp, Instagram o TikTok. Por eso el Gobierno lleva la propuesta más allá y exigirá a las plataformas mecanismos de verificación de edad más eficaces. Lo hace amparándose en el Reglamento de Servicios Digitales, como ya han planteado vecinos como Francia.

Ya no bastará con preguntar el año de nacimiento y confiar en la buena fe de los usuarios. La ley exige a las plataformas medidas “proporcionadas, eficaces y respetuosas con la protección de datos”. Eso sí, no exige que pidan el DNI a los usuarios, aunque Discord haya empezado a hacerlo. Por cierto, con tecnología de una empresa llamada Persona, financiada entre otras por Peter Thiel, fundador de Palantir.

En España, el Ejecutivo ya ha desarrollado una solución técnica piloto que es garantista con la privacidad, al menos técnicamente. Sí, el famoso pajaporte. Sin embargo, la herramienta se ampara también en el desarrollo del reglamento europeo eIDAS2, que por supuesto abre la puerta a que el sector privado participe de este nuevo mercado de carteras digitales. Aunque se apliquen unos mínimos, no todas las alternativas tendrán por qué ser tan escrupulosas con tu información.

En lo técnico, la propuesta del Gobierno hará que un sistema de verificación de una gran red social se conecte con la cartera digital del menor y esta devuelva un sí o un no, ningún dato más: ni fecha de nacimiento, ni nombre, ni apellidos, ni DNI. En el aire queda cómo funcionará el mecanismo si efectivamente los tutores o padres autorizaran a un menor de 16 años a tener WhatsApp, por ejemplo.

Tampoco se sabe cómo será la eventual enmienda que se plantee en Cortes para forzar a las plataformas a incorporar estas medidas ajustándose a lo que quiere el Gobierno.

Es fácil imaginar que si los chavales no pueden usar TikTok encuentren otras vías. Lo hemos visto en Australia, donde una medida similar ya está en vigor. Desde buscar plataformas que escapen de la legislación a reconquistar los viejos foros phpBB que tan populares fueron hace dos décadas.

El tema es: ¿cómo será la legislación española? ¿Será un foro entre particulares considerado red social? En la práctica se hace un tratamiento de datos, con lo que posiblemente tendrían que introducir medidas de verificación de edad. ¿Se va a exigir lo mismo a Meta que a WhatsApp? ¿Y lo mismo que a un foro de baloncesto? ¿Y que a un periódico? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Estamos prohibiendo a los menores el acceso a las redes sociales o el acceso a internet?

Si bien se puede esperar que una prohibición del acceso de los menores a las grandes plataformas podría incentivar alternativas menos lesivas, lo cierto es que una vía de escape más evidente es usar redes privadas virtuales. Las conocidas VPN siguen ganando popularidad. El mercado global crecerá de unos 88.000 millones de dólares ahora a 530.000 millones de dólares dentro de ocho años, con una tasa de crecimiento anual compuesta de hasta el 22%.

El problema es que las VPN ya están en la diana de las instituciones españolas y europeas. Y eso ya poco tiene que ver con el bienestar de los menores en entornos digitales.

Ya conocéis la historia de LaLiga de Tebas con los CDN de, entre otras empresas, Cloudflare. Gracias a un procedimiento judicial en el que las telecos se allanaron, la justicia avala bloqueos dinámicos de amplios rangos de IP si detecta que en ese rango hay tráfico de una emisión pirata. El problema es que es tecnológicamente imposible bloquear solo esa emisión pirata: se bloquea todo el rango, también a servicios perfectamente legales.

Bruselas ya tiene el ojo puesto sobre las VPN desde hace semanas. Ya se han presentado en la Eurocámara preguntas a la Comisión que plantean la necesidad de bloquear o perseguir aquellas que amparen los contenidos ilícitos. Es un golpe a la línea de flotación del anonimato en internet.

Era de esperar y ya ha sucedido. Un juzgado de Córdoba ha aceptado unas medidas cautelares en otro procedimiento instado por LaLiga y Telefónica en el que inaudita parte, es decir, sin escuchar a las afectadas, obliga a proveedores de VPN a bloquear páginas. Las señaladas en este caso son conocidas (porque se anuncian en un sinfín de canales de YouTube): NordVPN y ProtonVPN.

Lo llamativo de este caso es que el magistrado es plenamente consciente de la decisión que ha tomado. Tanto, que incluso la viene justificando desde hace días en su perfil en LinkedIn, donde por supuesto hay usuarios lanzándoles preguntas incómodas que por ahora están sin respuesta. El juez, Antonio Fuentes Bujalance, aclaró con vehemencia que las medidas cautelares que ha otorgado no implica que las VPN puedan bloquear tráfico legal. Pero especialistas dudan de la capacidad de la tutela judicial, que en el caso de los bloqueos a los CDN es evidente que no funciona.

No hace falta ser ni juez ni abogado para llegar a una conclusión inquietante. Es más fácil socavar el derecho fundamental de la comunicación si se denuncia antes una emisión pirata del fútbol que si se habla del malestar de los menores. Todo aun cuando el fútbol no se considera una propiedad intelectual, según la jurisprudencia del Supremo: los partidos no son una obra a proteger.

El tema de bloquear el acceso a los menores de 16 años en las redes sociales también lleva otros pildorazos incómodos que ni siquiera están apareciendo en los medios. El abogado Cristóbal Gázquez ha diseccionado alguno en sus directos en Twitch (este artículo suyo es recomendable). Por ejemplo, la idea de una reforma del Código Penal que incorpore como medida cautelar desconectar a una persona de internet. Bautizado como “orden de alejamiento digital”, la premisa puede ser inocente. Sus efectos, devastadores.

A fin de cuentas, este desarrollo legislativo no siempre lo interpretarán los mismos. ¿Qué pasará cuando lleguen los amigos del autoritarismo al poder?

Bloquear el acceso de menores a redes sociales puede ser positivo para los menores y nefasto para las redes. Puede ser una buena oportunidad para impulsar una red más libre, autónoma, soberana y neutral. Pero la ejecución es algo lo suficientemente delicado como para que por lo menos empecemos a entender la magnitud de lo que hay en juego. Para empezar, al contrario de lo que podríamos esperar, Silicon Valley está muy cómodo con este auge prohibicionista. Lo ven como una puerta de entrada a una nueva era de la vigilancia digital. Si no se define bien qué regular y cómo se volverá a poner al lobo al cuidado de las ovejas.

Hace años la Audiencia Nacional estuvo a punto de bloquear cautelarmente todo Telegram. La noticia llegó un viernes por la noche. Para el martes, el mismo juez retiró la medida. Entonces mucha gente convirtió Telegram en un baluarte de la libertad de expresión. Ahora muchos nos caemos del guindo: Telegram es otra red social privada de un oligarca, este no estadounidense, con ideas fantasiosas de que Sánchez es un malvado censor.

El momento es urgente. Pero las respuestas efectistas pueden tener consecuencias inesperadas. A lo mejor, si lo que toca es regular internet, hay que dejarse de medias tintas y empezar a buscar pretextos más sólidos y certeros que escudarse detrás de los niños o detrás de los oligarcas. A lo mejor, lo que sucede es que no podemos esperar esa audacia de las instituciones. Y a lo mejor, lo que podemos hacer es aprovechar la semilla de este debate para hablar más sólidamente de cómo queremos relacionarnos en línea.