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En el número de hoy...

• El Gobierno prepara encuentros para consensuar cómo licenciar el contenido que ya roba la IA

• Picoteo de noticias breves

• La extra: Un nuevo derecho de rectificación

El Gobierno prepara encuentros para consensuar cómo licenciar el contenido que ya roba la IA

El Ministerio de Cultura está trabajando en un decreto con el que se importará a España un instrumento: el de las licencias colectivas ampliadas. El departamento que dirige Ernest Urtasun espera aprovechar esa herramienta, presente en la directiva europea de copyright, para poner coto al robo masivo de contenido de artistas y creadoras que protagoniza la IA en internet.

La directiva copyright (que ya se transpuso en España con la polémica ley Iceta) tendrá un revival. Cultura abrió un plazo de audiencia pública para el nuevo decreto (aquí está el borrador) entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre. Y claro, ha generado una buena bronca porque artistas y creadoras entienden que el Ministerio les está dejando de lado.

Fuentes de Cultura indican a La conquista del feed que por ahora este decreto “está en una fase muy preliminar”. “Durante el periodo de consulta pública se han estado recogiendo aportaciones, que se van a analizar para ver cuáles se pueden incorporar”.

“Se seguirán manteniendo reuniones con el sector para que se pueda alcanzar un consenso”, concluían. Preguntado por cuántas aportaciones se ha recibido sobre el decreto, el Ministerio de Cultura no ha ofrecido ninguna cifra concreta.

Vamos con el contexto.

El robo masivo de la IA

No hay mucho debate. Si nos descargamos un libro electrónico de dudoso origen para poder comentarlo en el club de lectura, si nos ponemos una serie (incluso descatalogada) a través de un streaming chungo, o si nos bajamos unos mp3 para poder escuchar música sin conexión, la conclusión es la misma: estamos pirateando.

Las empresas que desarrollan los populares modelos de IA generativa también han pirateado, y de una manera masiva. Esas compañías que te ponen el botón de reescribir con IA incluso al hacer la lista de la compra han cebado su tecnología con textos, imágenes, vídeos y fotos protegidas por licencias. Y sin permiso.

Claro, hay una ligera diferencia: el club de lectura de tus amigas no está levantando millones de dólares en rondas de financiación.

Qué son estas licencias colectivas ampliadas

El decreto que prepara Cultura trae a la legislación esas licencias colectivas ampliadas. Básicamente, para evitarle a una multinacional el mal rato de ir pidiendo permiso por el uso de cada obra una a una, estas megacorporaciones podrán llamar a la puerta de una entidad de gestión de derechos de autor y cerrar un acuerdo.

Funciona así: el Gobierno confiará en las entidades de gestión de derechos de autor más reconocidas (la SGAE o el CEDRO de turno) esa labor: cerrar acuerdos con las desarrolladoras de IA para que estas puedan acceder a un enorme catálogo de producciones protegidas con las que seguir alimentando sus modelos de forma legal.

Esas entidades serán las responsables de gestionar estas licencias colectivas ampliadas y, además, los creadores podrán indicarles si no quieren que su trabajo pueda ser objeto de esos acuerdos con las tecnológicas. El opt-out será una opción. Al menos, así se estipula en el borrador del decreto conocido hace semanas.

Avalancha de aportaciones

Aunque Cultura no ha indicado cuántas aportaciones recibió después de que hace unos días terminara el plazo de audiencia, es fácil intuir que en el buzón ha habido una avalancha tanto de particulares como de organizaciones.

En el ámbito de las aportaciones particulares, muchos textos se han escrito desde las tripas. "En este proyecto de ley ustedes pretenden que mis creaciones y las de muchos otros compañeros sirvan para alimentar una maquinaria tecnológica que me dejará sin el poco trabajo que puedo hacer", denunciaba El Torres.

Otro ejemplo del feedback que ha recibido Cultura: que el decreto exija más transparencia a las tecnológicas que quieran hacer uso de esas licencias colectivas ampliadas. Por ejemplo: alojamiento de los datos que entrenarán el modelo, algoritmos usados, consumo energético estimado del entrenamiento.

El colectivo Arte es Ética, junto a los Sindicatos de Espectáculos, Gráficas, Audiovisuales y Papel (SEGAP) adheridos a la CGT, expusieron su frontal rechazo al proyecto de decreto. Lo hacían denunciando el contexto en el que nace la propuesta: no tiene mucho sentido desarrollar la figura de las licencias colectivas ampliadas sin atender que previamente muchos modelos de IA ya han robado masivamente creaciones de muchas personas.

Una portavoz de Arte es Ética cuestionaba, en declaraciones a La conquista del feed, la posibilidad de que las propias entidades de gestión puedan estar “alineadas con los artistas y autores” en este tema.

El colectivo Xnet planteaba en sus aportaciones la necesidad de establecer tarifas para evitar que estas licencias colectivas ampliadas generen o consoliden monopolios tecnológicos y la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) volvía a reivindicar flexibilizar y armonizar un decreto de 2021 que transpuso la directiva copyright europea.

Aquel decreto, el de la ley Iceta, introdujo en su artículo 67 que no sería necesaria autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual para la “minería de textos y datos” con unas cuantas excepciones. Claro, la propuesta de FESABID es (asumo) bienintencionada, representa a investigadores y a archiveros, no a depredadores de Silicon Valley.

Pero es prueba de lo complejo del asunto. De no armonizar ese decreto, FESABID entiende que se “podría incentivar la externalización de proyectos de minerías de datos a otros países”. Este nuevo enfoque de colonialismo digital va a ser mi Imperio romano unas semanas.

Por supuesto, por si cabía alguna duda, la propuesta de Cultura tampoco ha gustado a las grandes tecnológicas o al Ministerio de Transformación Digital. En síntesis: a ellos, lo que hay ahora, les va bien.

Qué se está haciendo en otros sitios

Antes de que la directiva copyright de 2019 introdujese en la legislación comunitaria la idea de estas licencias colectivas con derechos ampliados, estas ya existían. De ello da cuenta un informe publicado hace unas horas por el Instituto Autor, una entidad que fundó la SGAE en 2005.

El análisis que hace Instituto Autor se detiene en los casos de las licencias colectivas ampliadas de países como Dinamarca, Noruega, Suecia o Finlandia, aunque en este último caso el alumbramiento de este instrumento no tuvo que ver con el auge de la IA.

Es un informe muy sucinto, pero llama la atención que en casos como el sueco o el noruego quede bien claro que los autores tienen derecho a una compensación, cuando no a una remuneración, y eso incluye a los creadores no asociados a las entidades de gestión.

Más interesante parece lo de Brasil. Allí hace unos días el Senado aprobó un proyecto de ley de IA que contempla la necesidad de remunerar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras que hayan sido utilizadas para entrenar modelos de IA. Votaron en contra los bolsonaristas, por cierto, que apoyan a las grandes tecnológicas.

Para Arte es Ética, el ejemplo de Brasil “demuestra que la organización, unión y presión colectiva pueden ganarle el pulso al lobby tecnológico”.

La norma tendrá que pasar por la Cámara de los Diputados brasileña, eso sí, y “tampoco es la mejor alternativa” porque “si bien se reconoce el derecho a la remuneración, dicho pago beneficiará a los titulares de derechos de autor que tengan condiciones efectivas de negociar, lo que beneficiará en la práctica a grandes empresas titulares, como grandes editoriales o discográficas, más que a titulares de pequeño tamaño”.

Más cerca de España, en Reino Unido se ha iniciado una consulta pública sobre un proyecto legal similar al visto aquí.

Qué va a pasar y cómo se resuelve esto

El Ministerio de Cultura sigue adelante con sus planes de buscar consenso con el decreto. El proyecto sigue ahí, en un cajón, y no sería extraño verlo aparecer en un Consejo de Ministros de 2025.

Sobre cómo se resuelve esto, no tengo una respuesta clara, pero este que aquí os escribe comparte algunas líneas de Arte es Ética y CGT: asumir que la vía para que las grandes tecnológicas dejen de robar creaciones es amparar legalmente esas sustracciones implica, de algún modo, cierto derrotismo institucional.

El mismo derrotismo que veo en el proyecto legal brasileño, sin ir más lejos: ¿qué es eso de que solo negocien quienes puedan negociar?

“Si no puedes pagar por una vivienda te envían los antidisturbios para desahuciarte. Pero si las empresas tecnológicas no pueden pagar por los derechos de autor hay que buscar un consenso”, denunciaba el SEGAP de CGT días atrás.

Por otro lado, me preocupa que tras el ciclo tecnopolítico de hace algo más de una década, en el que vimos el fulgurante nacimiento y auge del copyleft, ahora una de las barricadas de esta batalla sea precisamente el copyright.

Resulta evidente que cuando hace unos años la piratería era una cuestión de Estado no se buscó con el mismo ahínco el consenso, y aquello dio pie a la censura sin mediación judicial de dominios web que hoy se ha normalizado. Este 2024 que estamos ya despidiendo fue el año en el que la Audiencia Nacional estuvo a punto de cargarse Telegram un viernes por la noche. Por situarnos.

Es un follón. Pero por eso lo importante es escuchar a los damnificados y exigir a las grandes tecnológicas que sus modelos sean verdaderamente abiertos. Dos investigadores neerlandeses propusieron este año el término openwashing.

Si el greenwashing es el ecopostureo en el ámbito del impacto climático, de openwashing podríamos hablar cuando leemos a Meta o a Google reivindicar que sus modelos son abiertos mientras esconden información crítica, como con qué datos han sido entrenados o cómo los han reunido.

En breve…

La extra: Un nuevo derecho de rectificación

Días atrás el Consejo de Ministros anunció una reforma de la ley que contempla el derecho de rectificación. La medida se encuadra dentro del Plan de Acción por la Democracia con la que el Gobierno quiere poner coto a, básicamente, la fachosfera digital.

La ley reformada permitirá que la rectificación se pueda requerir en 10 días (antes era en un plazo de 7 desde la publicación de lo rectificable) y afectará no solo a medios, sino a influencers con más de 100.000 seguidores.

Solo un par de anécdotas sobre los límites y peligros de estas rectificaciones.

Leía el otro día en Twitter que Mr. Wonderful exigió en una rectificación corregir que operara en “el sector cuqui”. La otra es mía: hace muchos años me tocó retirar una noticia por decir que un partido era nazi por el mero hecho de que no lo es por estar legalizado ante Interior.

Ya os lo digo yo. Lo era.